Moriscos del reino de granada

Documento de venta de tierras confiscadas a los Moriscos

Documento de venta de tierras confiscadas a los Moriscos

5 hojas impresas

1580
Medidas Totales: 320 x 220 mm

La expulsión de los moriscos granadinos fue decretada por el monarca, atendiendo a lo que él creía poderosas razones "por convenir así al servicio de Dios, Nuestro Señor, y nuestro banefiçio y seguridad". La operación se ejecutó en varias etapas, pero la mayor parte de la población fue deportada el 1 de noviembre de 1570. Los lugares donde vivían los moriscos quedaron despoblados, cesando todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales, con gran pérdida para la Real hacienda, rentas eclesiásticas y también para muchos partículares cuya economía dependía de los moriscos,

Las incautaciones bélicas posteriores a la sublevación de Las Alpujarras crearon una gran oferta de heredades y viviendas que iba a servir de reclamo para la atracción de repobladores en el antiguo reino nazarí.

Para la administración de las haciendas moriscas Felipe II constituyó una Junta de Población, bajo la dirección del presidente de la Chancillería. Pero el monarca no contaba sólo con las haciendas de los sublevados sino tambien con las de los moriscos residente en Granada, a cuyas pertenencias también creía tener derecho el citado Consejo, porque "los bienes de moriscos deste reino, ansí los alzados como por alzar, su majestad, por su edicto público, los ha adjudicado a sí".

Los bienes confiscados a los moriscos eran disputados asperamente por el Tribunal de la Santa Inquisión granadino, que incluso llegó a amenazar con censuras eclesiásticas a todos los que intentaran ocuparlos, y el Consejo de Población, cuyo único objetivo era adjudicarlos al monarca, según lo establecido por la Real Cédula de 24 de febrero de 1571.

Tal como venimos diciendo, Felipe Ii con miras a poblar las tierras granadinas de cristianos viejos, creyó necesario incorporar a la corona todos los bienes pertenecientes a los moriscos: casas, huertos, haciendas y demás bienes raíces, junto con propiedades muebles, derechos y acciones. Así muchos repobladores acudieron a los lugares donde habitaban los moriscos. Para facilitar la tarea repobladora se distinguieron dos zonas según las dificultades que podían impedir el asentamiento de los nuevos colonizadores. Una primera clase de terrenos comprendía aquellos parajes abruptos y alejados, como eran sierras y franjas costeras, donde se impondría un régimen de propiedad de fácil acceso por medio del pago de un censo, en ocasiones simbólico. Por las viviendas tendrían que pagar tan sólo un real, poco más o menos, y por las haciendas cierta cantidad cada año sobre los frutos de ellas. En las vegas y llanuras se estableció una fórmula alástica, dentro de la cual cabían las rentas, arrendamientos, alquileres, censos perpetuos o "a quitar", confiándose todo esto al criterio del Consejo de Población. En todos los casos se debían otorgar a nombre del monarca las cartas de venta, censo o arrendamiento, cuyos documentos habían de realizarse por medio de instrumentos jurídicos con las claúsulas y formalidades pertinentes para su validación. Es evidente que Felipe II quería ofrecer a los posibles repobladores todas las garantías de derecho, con ánimo de inspirarles confianza. Los intereses más altos de los censos se establecían en 14.000 mrs. el millar.